15 enero 2015

Commomwealth. La república de la propiedad por Antonio Negri y Michael Hardt (Commomwealth. El proyecto de una revolución del común)

Commomwealth. La república de la propiedad
por Antonio Negri y Michael Hardt (Commomwealth. El proyecto de una revolución del común)
«El término «republicanismo» se ha utilizado en la historia del pensamiento político moderno para nombrar una gama de tendencias políticas diversas, rivales y a menudo antagónicas. Thomas Jefferson señalaba lo siguiente reflexionando en sus últimos años de vida sobre los primeros años de la Revolución estadounidense: «Pensábamos que era republicano todo aquello que no era monarquía». Desde luego, encontramos un abanico igualmente considerable cuando no más amplio de posiciones políticas designadas con ese término en los periodos revolucionarios francés e inglés. Pero finalmente una definición específica del republicanismo moderno se impuso a las demás: un republicanismo basado en el imperio de la propiedad y en la inviolabilidad de los derechos de propiedad privada, que excluye o subordina a aquellos que carecen de propiedad. Los no propietarios no son, en palabras del Abate Sieyès, más que «una inmensa muchedumbre de instrumentos bípedos, sin libertad, sin moralidad, que no posee sino manos de exigua ganancia y un alma devastada». No hay un vínculo necesario o intrínseco entre el concepto de república y el imperio de la propiedad, y de hecho sería plausible una tentativa de restaurar o crear ideas alternativas o nuevas de república no basadas en la propiedad. Lo que queremos decir es sencillamente que la república de la propiedad surgió históricamente como el concepto dominante.

El curso de las tres grandes revoluciones burguesas -la inglesa, la estadounidense y la francesa- demuestra el surgimiento y la consolidación de la república de la propiedad. En cada uno de los casos, el establecimiento del orden constitucional y el imperio de la ley sirvieron para defender y legitimar la propiedad privada. Más adelante en este mismo capítulo exploramos cómo los procesos radicalmente democráticos de la Revolución inglesa se vieron bloqueados por la cuestión de la propiedad: un «pueblo de la propiedad» hubo de enfrentarse a «una multitud de los pobres». Aquí, en cambio, nos centramos brevemente en el papel de la propiedad en las Revoluciones estadounidense y francesa.
Sólo una década después de que la Declaración de Independencia afirmara el poder constituyente de la Revolución estadounidense y proyectara un mecanismo de autogobierno expresado mediante formas políticas nuevas, dinámicas y abiertas, el Federalist y los debates en torno a la redacción de la Constitución limitan y contradicen muchos de estos elementos originales. Las líneas dominantes en los debates constitucionales aspiran a reintroducir y consolidar la estructura soberana del Estado y a absorber el impulso constituyente de la república dentro de la dinámica entre poderes constitucionales. Mientras que en la Declaración el poder constituyente es definido como fundamental, en la Constitución se entiende como una especie de patrimonio nacional que es propiedad y responsabilidad del gobierno, un elemento de soberanía constitucional.
El poder constituyente no es arrancado del derecho público constituido, sino más bien bloqueado (y expulsado de las prácticas de ciudadanía) por las relaciones de fuerza sobre las cuales se levanta la Constitución, entre las cuales la más importante es el derecho de propiedad. Los juristas explican que, detrás de toda constitución formal, yace una «material», donde por constitución material se entienden las relaciones de fuerza que fundamentan, dentro de un marco particular, la constitución escrita y definen las orientaciones y los límites que deben respetar la legislación, la interpretación de la ley y la decisión ejecutiva. El derecho a la propiedad, que incluye originariamente los derechos de los propietarios de esclavos, es el índice esencial de esta constitución material, que baña en su luz todos los demás derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos estadounidenses. «La Constitución», escribe Charles Beard en su clásico análisis, «era esencialmente un documento económico basado en el concepto de que los derechos privados fundamentales de propiedad son anteriores al gobierno y están moralmente más allá del alcance de las mayorías populares». Numerosos estudiosos han impugnado la tesis de Beard según la cual los padres fundadores, cuando redactaron la Constitución, estaban protegiendo sus propios intereses económicos y su riqueza, pero lo que sigue resultando incuestionable y plenamente convincente en sus análisis es que los participantes en el debate consideraban que la Constitución se basaba en los intereses económicos y en los derechos de propiedad. «Desde el momento en que en la sociedad se instala la idea de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios», escribe, por ejemplo, John Adams, «y de que no existe fuerza de ley y pública justicia que la proteja, comienzan la anarquía y la tiranías». La posición sagrada de la propiedad en la Constitución es un obstáculo central para la práctica y el desarrollo del poder constituyente.
Un ejemplo extremo pero significativo del efecto del derecho de propiedad sobre la Constitución es el modo en que transforma el significado del derecho a portar armas. Este derecho es afirmado en la tradición angloamericana de los siglos XVII y XVIII como el derecho colectivo a obtener y defender la libertad, y llama a la constitución de ejércitos populares o milicias en lugar de los ejércitos permanentes, considerados como necesariamente tiránicos. En Estados Unidos esta tradición se ha visto prácticamente cancelada, de tal suerte que a la Segunda Enmienda se le ha dado un significado opuesto: cada cual es enemigo de todos los demás; cada cual debe estar atento a aquellos que quieren robar su propiedad. De la transformación del derecho a portar armas en defensa de la propiedad privada se desprende una inversión generalizada de todos los conceptos constitucionales centrales. La libertad misma, que muchos consideran característica del pensamiento político estadounidense, a diferencia de los principios de justicia, igualdad y solidaridad de la experiencia revolucionaria francesa, queda reducida a una apología de la civilización capitalista. La centralidad de la defensa de la propiedad privada explica asimismo la concepción pesimista de la naturaleza humana, presente pero secundaria en el periodo revolucionario y que pasa a un primer plano en los debates constitucionales. «Ahora bien, ¿qué es cabalmente el gobierno», escribe James Madison, «sino el más reproche a la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno». La libertad se torna en poder negativo de la existencia humana, que sirve de baluarte contra la caída en la guerra civil de los conflictos innatos de la naturaleza humana. Pero en el fondo de esta idea de conflicto natural está la lucha por la propiedad. El individuo armado es el único garante de esa libertad. El Homo politicus se torna ni más ni menos en Homo proprietarius.
En el caso de la Revolución francesa, la centralidad de los derechos de propiedad se desarrolla de un modo extraordinariamente dinámico y en ocasiones violento. Un simple vistazo a las sucesivas Constituciones francesas (y, en particular, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que figura como su prólogo) desde 1789, 1793 Y 1795 ofrece una primera indicación del modo en que el desarrollo del pensamiento constitucional está constantemente gobernado por las exigencias de la propiedad. Por ejemplo, el derecho a la propiedad es afirmado en términos casi idénticos en las tres versiones (en el artículo 2 de la Constitución de 1789 y el artículo 1 de las de 1793 y 1795), pero, mientras que en 1789 y 1793 el derecho a la propiedad está vinculado al derecho de «resistencia a la opresión», en 1795 sólo está relacionado con la «seguridad». En lo que atañe a la igualdad, mientras que en el artículo 6 de la de 1789 y el artículo 4 de la de 1793 es definida como un derecho básico de todo sujeto (y de tal suerte se aplica también a la propiedad), en el artículo 6 de 1795 el mandato de igualdad está subordinado al gobierno de la mayoría de los ciudadanos o de sus representantes. La igualdad se torna cada vez más formal, se ve definida cada vez más como una estructura legal que protege la riqueza y refuerza el poder apropiativo y posesivo del individuo (entendido como propietario).
Una visión más sustancial y compleja de la centralidad de la propiedad en la república surge cuando nos centramos en el modo en que la concepción tradicional de los «derechos reales» -ius reale, el derecho sobre las cosas- es redescubierto en el curso de la Revolución francesa. Estos «derechos reales», los derechos de propiedad en particular, ya no son a todas luces los del ancien régime, en la medida en que ya no establecen una tabla de valores y un conjunto de instituciones estáticos que determinan privilegio y exclusión. En la Revolución francesa, los «derechos reales» surgen de un nuevo horizonte ontológico definido por la productividad del trabajo. Sin embargo, en Francia, como en todas las revoluciones burguesas, estos derechos reales tienen una relación paradójica con la ideología capitalista emergente. Por un lado, los derechos reales cobran progresivamente mayor importancia que los derechos universales y abstractos que parecían tener prominencia en la fase heroica jacobina. La propiedad privada apunta al menos a la capacidad humana de transformar y apropiarse de la naturaleza. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitucion de 1795 reza así: «La propiedad es el derecho de disfrutar y hacer uso de los propios bienes, rentas, del fruto del propio trabajo e industria». Sin embargo, a medida que avanza la revolución, hay un desplazamiento del punto de referencia desde el terreno abstracto de la voluntad general al concreto del derecho y el orden de la propiedad. Por otro lado, los derechos reales, que constituyen el fundamento de las rentas y los ingresos, se oponen a los «derechos dinámicos», que provienen del trabajo y, aunque los derechos dinámicos parecen predominar sobre los derechos reales en el periodo revolucionario inicial, progresivamente los derechos reales cobraron hegemonía sobre los dinámicos y terminaron siendo centrales. Dicho de otra manera, la propiedad terrateniente y la propiedad esclavista, que en un principio parecían haberse visto subordinadas como condiciones arcaicas de la producción, desechadas en favor de los derechos dinámicos asociados a la ideología capitalista, vuelven a entrar en juego. Además, cuando el derecho a la propiedad vuelve a tornarse central una vez más, dentro de la constelación de nuevos derechos afirmados por las revoluciones burguesas, deja de presentarse como un mero derecho real para tornarse en el paradigma de todos los derechos fundamentales. Por ejemplo, el artículo 544 del Código Civil de 1804 da una definición de la propiedad que caracteriza a nociones que siguen siendo habituales hoy día: «La propiedad es el derecho a disfrutar y disponer de las cosas del modo más absoluto, siempre que no se usen de modo contrario a la ley o las normas». En la línea dominante del pensamiento político europeo, de Locke a Hegel, los derechos absolutos del pueblo a apropiarse de las cosas se tornan en la base y en el fin fundamental del individuo libre jurídicamente definido.
La centralidad de la propiedad en la constitución republicana puede confirmarse desde un punto de vista negativo dirigiendo la mirada a la Revolución haitiana y a la extraordinaria hostilidad hacia la misma. Por supuesto, liberando a los esclavos, los revolucionarios haitianos deben ser considerados, desde la perspectiva de la libertad, más avanzados que cualquiera de sus homólogos en Europa o Norteamérica; pero la inmensa mayoría de los republicanos de los siglos XVIII y XIX no sólo no abrazaron la Revolución haitiana, sino que lucharon también para eliminada y contener sus efectos. De hecho, en los dos siglos posteriores los historiadores han excluido a Haití del gran panteón de las revoluciones republicanas modernas hasta el punto de que incluso la memoria del acontecimiento revolucionario se ha visto silenciada. La Revolución haitiana fue un acontecimiento impensable desde la perspectiva de la Europa contemporánea y de Estados Unidos, entre cuyos motivos centrales están sin duda ideologías e instituciones de la superioridad racial profundamente incrustadas, pero debemos reconocer también que la Revolución haitiana era impensable porque violaba el imperio de la propiedad. Aquí interviene un silogismo sencillo: la república debe proteger la propiedad privada; los esclavos son propiedad privada; por lo tanto el republicanismo debe oponerse a la liberación de los esclavos. En efecto, con el ejemplo de Haití, la pretensión republicana de valorar la libertad y la igualdad entra en conflicto directo con el imperio de la propiedad-y la propiedad sale triunfante-. En este sentido, la exclusión de la Revolución haitiana del canon del republicanismo es una prueba convincente del estatuto sagrado de la propiedad para la república. De hecho, podría ser apropiado que Haití sea excluida de la lista de las revoluciones republicanas, pero no porque la revolución haitiana sea en cierto modo indigna del espíritu republicano, sino, por el contrario, ¡porque el republicanismo no hace honor al espíritu de libertad e igualdad contenido en la rebelión haitiana contra la esclavitud! .
La primacía de la propiedad se pone de manifiesto en todas las historias coloniales modernas. Cada vez que una potencia europea lleva nuevas prácticas de gobierno a sus colonias en nombre de la razón, de la eficiencia y del imperio de la ley, la primera «virtud republicana» que establecen es el imperio de la propiedad. Esto es evidente, por ejemplo, en el Permanent Settlement [asentamiento permanente] fundado en Bengala por las autoridades coloniales británicas y los administradores de la Compañía de las Indias orientales a finales del siglo XVIII para garantizar la seguridad de la propiedad, en particular de la propiedad terrateniente, y reforzar la posición de los zamindar, la clase propietaria que ya existía en Bengala, solidificando así los impuestos y las rentas públicas. Ranajit Guha, en sus análisis de los debates que condujeron al asentamiento, cavila sobre el hecho de que una colonización agrícola cuasi feudal pudiera haber sido obra de burgueses ingleses, algunos de los cuales eran grandes admiradores de la Revolución francesa. Guha asume que las burguesías europeas pusieron en peligro sus ideales republicanos cuando impusieron su autoridad sobre las tierras conquistadas al objeto de encontrar una base social para sus poderes, pero en realidad no estaban más que asentando en el lugar el principio cardinal de las repúblicas burguesas: el imperio de la propiedad. La seguridad e inviolabilidad de la propiedad están tan firmemente instaladas en la mentalidad republicana que las autoridades coloniales no ponen en tela de juicio la bondad de su diseminación.
Por último, con la construcción del Estado del bienestar en la primera mitad del siglo xx, la propiedad pública cobra un papel más importante en la constitución republicana. Sin embargo, esta transformación del derecho a la propiedad sigue a la transformación capitalista de la organización del trabajo, reflejando la importancia creciente que las condiciones públicas empiezan a ejercer sobre las relaciones de producción. A pesar de todos los cambios, sigue siendo válida la vieja máxima: «l'esprit des lois, c'est la propriété».»