12 octubre 2015

El Tribunal Secreto de Inteligencia, un precursor de la tiranía por William Pfaff (Truthdig)

Secret Intelligence Court a Precursor to Tyranny 
por William Pfaff (Truthdig
El Tribunal Secreto de Inteligencia, un precursor de la tiranía
«La corriente de revelaciones incómodas respecto a las prácticas clandestinas u ocultadas al público de la anterior y la actual administraciones estadounidenses continúa. Una extensa información en el New York Times y International Herald Tribune del 8 de julio se refiere a un tribunal estadounidense secreto prácticamente desconocido encargado de las acciones de inteligencia. El tribunal decide si ciertas acciones son o no legales, emite sus resoluciones en secreto y crea un nuevo cuerpo de leyes estadounidenses (o un espacio de anarquía, cuando contraviene la ley constitucional y públicamente establecida, lo que está acusado de hacer). Este es el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.
La justificación de este tribunal secreto -como es habitual en la evolución de los estados policiales secretos del siglo XX- es la seguridad nacional. El caso estadounidense difiere de destacados ejemplos anteriores como la Rusia bolchevique y la Alemania nazi en que este tribunal estadounidense secreto opera detrás de una pantalla de lo que parecen ser confusiones culpables de que sus autores saben que no tendrán que soportar un examen serio. Tales confusiones proveen los fundamentos para la ocultación de este mecanismo legal al público, prensa y todos excepto algunos congresistas y senadores dispuestos a proporcionar un simulacro de control debido a su compromiso personal con la creencia de que la seguridad de los EE.UU. se garantiza caminando por lo que el anterior vicepresidente Richard Cheney melodramáticamente describía como 'el lado oscuro'.
Es el público a quien se deja en la oscuridad para proteger el sistema.

El "lado oscuro" del combate internacional o las operaciones de seguridad, tales como asesinatos políticos, secuestros, uso de la tortura, o secuestros o encarcelamientos secretos e ilegales, parece, en general, haber producido para EE.UU. más humillación nacional, descrédito y retroceso político que ventaja. Y esto no es algo nuevo, sino una característica de las burocracias.
Cuando Lyndon Johnson asumió la presidencia en 1963, dijo que encontró que los Estados Unidos gestionaban una 'Sociedad Anónima del Crimen' en el Caribe en relación con los intentos de Washington de destuir el gobierno de Fidel Castro. A las audiencias en el Senado que se produjeron a continuación, les siguieron editoriales de desagrado y desaprobación en la prensa. Pero hoy estamos construyendo un aparato internacional de una ilegalidad mayor y mejor que nunca antes, subvirtiendo la ley internacional y llevando a cabo actos grotescos clandestinos, así como el aparato judicial de un estado secreto. Y si alguien se queja entre nuestros 'aliados' o naciones satélite, que es en lo que los europeos occidentales parecen haberse convertido, nuestro embajador les telefonea y tiene una palabra con ellos, y luego se arrastran a sus pies.
¿Por qué esto es así en una nación histórica y constitucionalmente comprometido con el Estado de Derecho? En la que la mayor parte de los funcionarios que forman temporalmente el gobierno de una administración cuyo presidente (en otro tiempo profesor de derecho constitucional en la Universidad de Chicago), y muchos miembros de la administración pública permanente del gobierno estadounidense, son por lo general abogados, mientras que la abogacía constituye el mayor grupo de profesionales en el Congreso de los Estados Unidos, así como en un gran número de legislaturas estatales.
Es sorprendente que nadie ni ningún grupo de estos profesionales, que ha jurado defender la Constitución de Estados Unidos, parezca haber sentido la obligación de hacer pública la existencia de este sistema de secreto de los tribunales de justicia. Tal vez la proliferación de abogados simplemente promueve el número y el ingenio de los actos de infracción de la ley en el gobierno. Líderes de las bandas criminales siempre necesitan su consigliere, de acuerdo a las novelas y películas. 
La existencia de este sistema secreto en el establecimiento de la justicia estadounidense carece de una supervisión eficaz y de supervisión institucionalizada. Se juzga a sí mismo, lo que significa que hace lo que los superiores gubernamentales quieren de él, o persigue sus propias disposiciones inherentes, que, como en casi todos los asuntos relativos al poder, significa el engrandecimiento y la institucionalización.
El efecto de esto es siniesto y una degradación de la justicia y la democracia porque este tribunal ha sido creado para tratar en secreto con grandes temas de la política exterior de Estados Unidos y la seguridad interna.
Sus fallos casi siempre favorecen la expansión del poder del gobierno, tienden a sentar precedentes legales que pudieran ser de importancia constitucional, y raramente son contestados o apelados porque no hay nadie para desafiarlos con el fin de forzar un nivel más alto de la evaluación. 
El informe del New York Times hace hincapié en la importancia de este tribunal en la ampliación del poder de la Agencia de Seguridad Nacional lo que provocó un escándalo internacional al ser revelado a la prensa hace poco por Edward Snowden. La clave de esta ampliación de poder son 'necesidades especiales' -la generalización del tribunal a un mayor esfera de provisiones legales originariamente otorgadas a 'necesidades especiales' menores. Por ejemplo, una decisión del Tribunal Supremo en 1989 permitió que los trabajadores ferroviarios fueran sometidos a test sobre el consumo de drogas, en violación de su derecho a la privacidad personal, a fin de (desde el punto de vista del tribunal) evitar 'un peligro público superior'.
A partir de esto, los once miembros del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera fallaron que la NSA podría (como de hecho hizo) recoger y examinar las comunicaciones privadas de estadounidenses (y otros) para buscar terroristas sin violar el Cuarta Enmienda de la Constitución que garantiza protección a los ciudadanos frente a registros e incautaciones infundadas. Los críticos afirman que así se usa de manera irrazonable una cuestión concreta y relativamente indiscutible para trasladarla a la esfera global de las comunicaciones privadas.
De estas decisiones viene, como sabemos, la tiranía.»