03 diciembre 2015

La construcción de los mercados libres por John Gray (Falso amanecer)

La construcción de los mercados libres
por John Gray

Un único mercado es un proyecto político muy de finales del siglo XX. Este proyecto político tiene una duración mucho más breve que la globalización de la vida económica y cultural que empezó en Europa a principios de la era moderna —desde el siglo XV en adelante— y está programada para avanzar durante siglos. Para la humanidad de finales de la era moderna, la globalización es un destino histórico. Su mecanismo básico es la veloz e inexorable expansión de las nuevas tecnologías en todo el mundo. Esta modernización guiada por la tecnología de la vida económica mundial seguirá adelante independientemente del destino de un libre mercado global.
Sin embargo, esta expansión de los modernos medios de producción y comunicación en todo el mundo tendrá unas consecuencias prácticas inversas a las que espera de manera tan confiada el consenso de Washington. Es más probable que engendre una nueva anarquía internacional y no que consiga recapturar los elementos pretendidamente armónicos del sistema del siglo XIX.
Entre los experimentos recientes de construcción de libres mercados en las condiciones de finales del siglo XX se destacan particularmente los casos de Gran Bretaña, Nueva Zelanda y México. Cada uno de ellos ejemplifica, en el contexto de una cultura política nacional determinada las ironías y las paradojas del libre mercado en el mundo tardomoderno.
En cada uno de ellos, el impulso inicial del experimento fue el hecho de que las estructuras económicas corporativistas se habían vuelto insostenibles. Al mismo tiempo, la ideología neoliberal se convirtió en una poderosa influencia por derecho propio. En todos los casos, la globalización económica fue el catalizador que disparó el experimento neoliberal, pero la política de inseguridad alimentada por la economía mundial en expansión destruyó la coalición inicial de intereses que había propulsado el experimento al poder y debilitó o destruyó el vehículo político con el que se había aplicado.

En consecuencia, el libre mercado ha usado el poder del Estado para alcanzar sus fines pero ha debilitado las instituciones en aspectos vitales. En todos los casos, las políticas de libre mercado perdieron legitimidad política y al mismo tiempo provocaron cambios económicos y sociales irreversibles y no modificables mediante procedimientos democráticos.
El intento de Margaret Thatcher de resucitar el libre mercado en la Gran Bretaña de finales del siglo XX es instructivo, no sólo por sus estrategias y sus éxitos sino por el modo y las causas de su caída. Por un lado, la política thatcheriana fue un intento de imponer una muy necesaria modernización a la economía británica; por otro, intentó reconfigurar las instituciones británicas según las líneas de un pasado irrecuperable. Estos dos aspectos de la política thatcheriana están íntimamente —e incluso inseparablemente— unidos.
El thatcherismo empezó como una respuesta local a un problema británico. En su agenda política inicial, el punto más importante era la reforma de los sindicatos. Margaret Thatcher entendió que el corporativismo británico —la coordinación triangular de la política económica por parte de gobierno, patronos y sindicatos— había dejado de ser un instrumento de creación de riqueza o una garantía de cohesión social para convertirse en la causa de conflictos industriales y de discordias respecto a la distribución del ingreso nacional.
La privatización surgió por primera vez en el programa electoral tory de 1983. La lista de las propiedades estatales privatizadas durante los años siguientes en el marco de las políticas neoliberales es larga y sustanciosa. En 1979, las instituciones gubernamentales eran dueñas de la mayor parte del carbón, acero, gas, electricidad, agua, ferrocarriles, líneas aéreas, sistemas de telecomunicaciones, centrales nucleares y astilleros, y tenían una participación significativa en los sectores del petróleo, banca, navegación y transporte por carreteras. Antes de 1997, casi todo esto había pasado a manos privadas. Además, un buen millón de ex ocupantes de viviendas municipales habían pasado a tener vivienda en propiedad.
Paralelamente a esta privatización de propiedades estatales tuvo lugar una nacionalización global de las instituciones de gobierno local y de intermediación: el Servicio Nacional de Salud, las escuelas, los antiguos politécnicos y las universidades, las cárceles, la administración de justicia y las autoridades policiales sufrieron procesos de reorganización. Todas estas instituciones fueron apartadas de la dirección de los gobiernos locales democráticamente elegidos y situadas bajo el control de organismos paraestatales no elegidos y de Next Steps Agencies que sólo rendían cuentas, si es que lo hacían, al gobierno central. En 1995, esos organismos paraestatales empleaban a más personas y gastaban más dinero que los gobierno locales. Por último, los mecanismos de mercado -licitaciones competitivas forzosas, pagos condicionados al rendimiento y al aprovechamiento y otros mecanismos similares- se introdujeron en todos los servicios públicos.
Las distintas instituciones de gobierno en las que el poder se había dispersado mucho tiempo atrás en Gran Bretaña se centralizaron en el Estado como nunca antes en tiempos de paz. En todas ellas se impusieron mecanismos de mercado o simulacros de mercados.
La «nacionalización de la Gran Bretaña» thatcheriana tuvo lugar en paralelo a los cambios impuestos en el mercado de trabajo. La reducción del poder de los sindicatos y la creación de un mercado de trabajo más individualista eran unos de los pocos objetivos absolutamente claros del primer gobierno Thatcher, que en combinación con el compromiso monetarista de la estabilidad de los precios, que debía ser alcanzable a cualquier coste social o económico, sellaron el destino de los pactos británicos de posguerra.
El consenso keynesiano-beveridgeano no sólo estaba basado en la idea de que el pleno empleo era la precondición más importante para llegar a un Estado del bienestar sostenible, sino que imponía al gobierno central la obligación absoluta de promoverlo. El abandono explícito, bajo Thatcher, de la responsabilidad gubernamental respecto al pleno empleo marcó un cambio en la doctrina económica desde Keynes a Friedman, a la vez que supuso una transformación fundamental de la manera de entender las funciones del Estado.
Según la concepción thatcheriana del papel del Estado, la función de éste era proporcionar un marco de reglas y reglamentos dentro del cual el libre mercado -en particular el mercado de trabajo- funcionara de manera autorregulada. Según esta concepción, el papel de los sindicatos como instituciones de intermediación situadas entre los trabajadores y el mercado debía ser modificado y debilitado. El derecho laboral fue remodelado. El modelo contemporáneo que inspiró todos estos cambios fue el mercado de trabajo estadounidense, con sus altos niveles de movilidad, su flexibilidad salarial descendente y los bajos costes para los patronos.
En parte como resultado de estas políticas, tuvo lugar un impresionante aumento de empleos a tiempo parcial y de contratos temporales. La institución burguesa de las carreras profesionales dejó de ser una opción viable para un número creciente de trabajadores. Muchos de los que no estaban especializados ganaban menos que el mínimo necesario para mantener una familia. Volvieron las enfermedades propias de la pobreza: tuberculosis, raquitismo y otras. Los integrantes de las ex clases medias fueron exhortados a convertirse en «individuos portafolio», sin vínculos con empresas o instituciones concretas. En 1996, un estudio llegó a la conclusión de que «la carrera profesional tradicional ha terminado y se ha convertido en un mero recuerdo».
Al mismo tiempo, las posibilidades de recibir ayudas sociales fueron limitadas de manera radical. Los seguros de paro (como la Job Seekers Allowance de 1996) se diseñaron para obligar a sus destinatarios a aceptar trabajo según las tarifas fijadas por el mercado. No resulta artificioso hacer un paralelismo entre esto y las reformas de la ley de pobres de la década de 1830. En ambos casos, el resultado fue el de una pérdida de capacidad negociadora por parte de los trabajadores.
La contradicción fundamental del libre mercado es que debilita las instituciones sociales tradicionales de las que ha dependido en el pasado. El de la familia es un ejemplo clave. La fragilidad y el declive de la familia tradicional aumentaron durante el período thatcheriano. La proporción de mujeres de entre dieciocho y cuarenta y nueve años de edad casadas cayó del 74 % en 1979 al 61 %, mientras que la proporción de mujeres que mantenían una pareja de hecho aumentó del 11 al 22 % durante el mismo período. Los nacimientos extramatrimoniales crecieron más del doble durante la década de los ochenta. Las familias monoparentales aumentaron del 12 % en 1979 al 21 % en 1992, dándose el mayor aumento en la proporción de madres solteras que nunca habían contraído matrimonio.
En 1991, uno de cada dos matrimonios terminaba en divorcio en Gran Bretaña, la tasa más alta de todos los países de la UE, sólo compaarable con la de Estados Unidos. ¿Es sólo una coincidencia que Gran Bretaña sea el único país de la UE que impuso a su mercado de trabajo una des regulación American-style? En las ciudades británicas en las que las políticas thatcherianas de des regulación del mercado de trabajo fueron más exitosas en su objetivo de disminuir las cifras de desempleo, las tasas de divorcios y de rupturas familiares fueron más altas.
Aún más impresionante fue el crecimiento de una subclase desfavorecida. El porcentaje de hogares británicos (sin incluir los pensionistas) en situación de desempleo total —es decir, en los que ninguno de sus miembros es activo en la economía productiva— aumentó de un 6,5 % en 1975 a un 16,4 % en 1985 ya un 19,1 % en 1994.10 Este incremento prosiguió, y quizás incluso se aceleró, bajo el gobierno de J ohn Major. Entre 1992 y 1996 el número de padres solteros desempleados aumentó un 15 %.
Expresado claramente, esto significa que actualmente en Gran Bretaña en alrededor de uno de cada cinco hogares (sin contar a los pensionistas) no hay ni un solo trabajador. Esto representa un grado de exclusión social de una magnitud desconocida en cualquier otro país europeo, pero muy corriente en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Este impresionante crecimiento de una subclase desfavorecida es una consecuencia directa de las reformas neoliberales, sobre todo las que afectaron a la vivienda. La venta de viviendas de propiedad municipal a sus ocupantes suele considerarse como un éxito del gobierno de Thatcher. Es cierto que gracias a estas ventas de viviendas, Thatcher ganó apoyos electorales en la década de los ochenta, aunque también puede que en la década de los noventa, esta política se haya vuelto en contra de los conservadores. En términos sociales y económicos, la política de acabar con las viviendas municipales fue uno de los principales elementos del surgimiento de una cultura de dependencia neoliberal. Los gastos en subsidios a la vivienda durante 1996-1997 fueron estimados en una cantidad superior a los once mil millones de libras esterlinas. Esto equivale al 1,5 % del producto nacional bruto británico y más de diez veces más que el coste total de los subsidios a la vivienda en 1979-1980.12 El gasto público en vivienda social fue reemplazado, a unos costes varias veces superiores, por reembolsos de alquileres y ayudas para el pago de hipotecas. El precio de la privatización de la vivienda municipal en Gran Bretaña ha representado un aumento colosal de la dependencia de los individuos frente a la asistencia pública.
Lo más significativo de todo esto son las diferencias entre la experiencia británica y las de otros países europeos que no han experimentado un período prolongado de políticas públicas neoliberales, así como las sorprendentes similitudes entre la situación británica y la estadounidense. Incluso en la política penal existe una notoria correlación. La tasa de encarcelamiento británica es mucho más alta que la de cualquier otro país de la UE (aunque mucho más baja que la de EE.UU.) y crece con raapidez. Entre 1992 y 1995 la población carcelaria británica aumentó en casi un tercio (a más de 50.000 individuos).
Las cifras correspondientes a las tasas de criminalidad son más difíciles de obtener, e interpretarlas resulta particularment complicado. De todos modos, las tendencias generales no llevan a engaño. En 1970, la policía tenía conocimiento de menos de 1,6 millones de delitos importantes en Inglaterra y Gales; en 1981, eran 2,8 millones.13 A finales de 1990, la cifra de delitos registrados llegaba a 4,3 millones; para 1992, la cifra correspondiente era de 5,6 millones. Además, el British Crime Survey de 1992 sugería que la cifra real se acercaba al triple de la oficial.
Al mismo tiempo, los gastos del Estado destinados a la aplicación de la ley aumentaron de manera constante. Entre 1978-1979 y 1982-1983, los gastos de las fuerzas policiales aumentaron casi una cuarta parte en términos reales. El número de policías aumentó de 10.000 a 120.000 en el primer gobierno de Margaret Thatcher.
La conexión entre libre mercado y políticas de «ley y orden» nunca ha pasado inadvertida. A medida que las instituciones de intermediación social y los controles informales de la vida comunitaria van quedando debilitados debido a los cambios económicos impulsados por el mercado las funciones disciplinarias del Estado se refuerzan. El punto final de esta evolución llega cuando las sanciones de derecho penal se convierten en el principal apoyo que le queda al orden social.
John Gray, Falso amanecer, págs. 35-47.